La Voz de Conneticut

Un arresto falsificado a un ministro de Fair Haven poniendo al descubierto el rampante acoso policial de los hispanos, ha conllevado a un contundente reporte federal sobre una cultura ilegal dentro del departamento de policía de East Haven, y la amenaza de una demanda para que se realicen cambios.

El reporte fue hecho público el lunes.  La División de Derechos Civiles del departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), produjo el reporte.  Los funcionarios lo han dado a conocer y lo han discutido durante una conferencia de prensa el lunes en la tarde en la oficina del Fiscal en el centro de New Haven.

La investigación, que duró dos años, por parte del DOJ (Departamento de Justicia) encontró que los policías de East Haven se han involucrado en un “patrullaje predispuesto generalizado, registros  e incautaciones inconstitucionales y el uso excesivo de la fuerza“.   Se encontró que habían violado la 14ava enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y el Safe Streets Act (Acta de Calles Seguras) mediante la detención rutinaria, acoso y luego maltrato  a los conductores hispanos; y mediante la amenaza e intimidación tanto de ciudadanos como de policías que intentan poner tal conducta al descubierto.

Esa fue una investigación civil, significando que pudiera conllevar a una demanda federal contra la ciudad.  El DOJ (Departamento de Justicia) está llevando a cabo también una investigación criminal; en las próximas semanas se esperan arrestos de policías de East Haven, conforme a April Capone ex -alcaldesa de East Haven y también a Paul Hongo, es Sub-director de Asuntos de East Haven. El lunes, los funcionarios rehusaron comentar sobre esta investigación, excepto para exhortar a las personas que tengan información sobre el acoso racial o el acoso de testigos colaboradores para que contacten el DOJ al 855-202-1830 o Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .

El informe es el último episodio en una continua batalla sobre como el área de New Haven trata a su creciente población de inmigrantes latinoamericanos, la cual está concentrada en la vecindad de Fair Haven en New Haven, y que se ha expandido hacia East Haven.  New Haven ha dado la bienvenida a inmigrantes con la opción de obtener tarjetas de identificación y emitiendo una orden policial prohibiendo a los policías preguntar a las personas su estatus migratorio en la mayoría de los casos.  La policía de East Haven—conforme a los críticos y ahora conforme a los federales—han procurado de manera sistemática hacerle la vida lo más incomoda posible a los inmigrantes y todos los hispanos que residen, manejan y trabajan en su ciudad.

Sobre lo que sucederá más adelante, los federales pudieran haber ocasionado que el cambio a largo plazo sea más dificultoso en East Haven, para el momento en que se ha dado a conocer el informe, y la posibilidad de futuros arrestos.  Un funcionario describió lo que está enfrentado el DOJ (Departamento de Justicia): “un muro de silencio azul muy obvio”.

La investigación se inició luego de que el Padre  Jim Manship, de la Iglesia Santa Rosa de Lima de Fair Haven, cruzó la  frontera de New Haven en febrero del 2009 para dar un vistazo a los  alegatos generalizados por parte de muchos de sus congregantes de que los policías de East Haven estaban imponiendo cargos contra ellos y acosando a los negocios propiedad de hispanos y a sus clientes.

Los policías de East Haven confiscaron la cámara de Manship cuando él grabó un video de ellos en acción. Le arrestaron y alegaron que pensaban que tenía una pistola, un alegato que se desplomó cuando el video (nunca fue destruido) demostró lo contrario. Ese incidente, reportado primeramente por el Independent, conllevó a una demanda colectiva contra East Haven, incoada por la clínica de Yale Law School, así como por investigaciones civiles y de derechos civiles criminales por parte de DOJ.

El incidente de Manship se recrea en detalle en la página 10 de un sumario del reporte dado a conocer el lunes como evidencia de que “EHPD (Departamento de Policía de East Haven) toma represalia contra personas que critican o se quejan del trato diferente a los hispanos”.  El reporte acusa también a Leonard Gallo, jefe de EHPD (Departamento de Policía de East Haven) y a otros oficiales de crear un ambiente hostil e intimidante para personas que deseen cooperar con nuestra investigación”.

El reporte cita “mensajes en una pizarra de anuncio del sindicato policial que se refería a ‘ratas’ en el EHPD.  Este decía  “El jefe Gallo había advertido que el DOJ (Departamento de Justicia) ha acordado proporcionarle los nombres de personas que colaboraron con la investigación”, aunque el DOJ había dicho a Gallo que los nombres permanecerían siendo confidenciales.  Y, “sorprendentemente,” según el informe, los oficiales de EHPD “en el transcurso de una reunión tarde en la noche…advirtieron al personal de DOJ y a un consultor de políticas policiales, que ellos no podían garantizar su seguridad en el transcurso de excursiones informativas con agentes policiales”.

Además, un análisis estadístico de las paradas de trafico de EHPD encontró que en todos los turnos, los oficiales detenían a los conductores hispanos de forma desproporcionada;  procurando información sobre su estatus migratorio relativo a Immigration and Customs Enforcement, hasta en los casos de “alegadas infracciones de tránsito más que relativo a los delitos”; y maltratando posteriormente a los hispanos.

En algunos casos, cerca de un tercio o una mitad de todas las  paradas de tráfico por parte de algunos oficiales tienen como objetivo a hispanos; en el más “generoso” de los estimados, puede que en la mayoría de los casos los hispanos constituyan el 15 por ciento de los conductores de East Haven, dijeron los oficiales.

No existe evidencia de que el EHPD haya reprendido o restringido a agentes individuales quienes han rutinariamente violado los derechos, dijeron oficiales.

Los policías de EHPD “escogieron…localidades para esperar en sus carros patrulleros a que pasaran conductores hispanos y de esa manera iniciar las paradas de tráfico a esos vehículos, una táctica conocida por la ley como ‘sandbagging’(obligar con amenaza)”,  escribió el asistente de fiscal Thomas Pérez, al alcalde de East Haven Joseph Maturo en una carta resumiendo los resultados de la investigación.

“En otras ocasiones, los oficiales seguían a los conductores hispanos y esperaban a que ocurriese la violación de tráfico para así poder citar, una táctica raramente utilizada contra los conductores que no son hispanos.

Contactado luego de la publicación del informe del lunes, el Padre Manship dijo que se sentía “tremendamente motivado” por los resultados que reivindicaban sus alegatos originales.

Funcionarios de DOJ (Departamento de Justicia) señalaron un pronóstico diferente durante la conferencia de prensa y en el informe. Ellos destacaron que Gallo personalmente ha sido responsable por la cultura de intimidación y resistencia a cambiar el departamento. Ellos destacaron que mientras que la administración previa de la alcaldía de East Haven cooperó ampliamente con la investigación, el nuevo alcalde de la ciudad—un defensor del Jefe Gallo—no había podido “coordinar” una reunión con funcionarios del DOJ antes de la conferencia de prensa para discutir el informe.  Ellos describieron el departamento de East Haven como entre los más difíciles para trabajar durante su investigación.

Localizada luego de la conferencia de prensa, la antigua alcalde Almon calificó los resultados como que “no son de sorpresa para nosotros”.
“Realmente no siento más que tristeza por el pueblo de East Haven. Siento que han sido embaucados”, dijo ella. “Mi administración y yo misma, sabía que esto venia”.