En este país y en reiteradas ocasiones, quienes desean defender a las víctimas de abuso siguiendo los procedimientos establecidos por respeta-dísimas instituciones y creados por acuciosos legisladores, terminan sufriendo consecuencias nefastas a pesar de sus buenas obras.

La denuncia en contra del abuso de niños, la batalla creciente para eliminar la  negligencia educativa y el abuso de drogas en escuelas, conlleva para quienes cumplen con su deber, perdidas económicas, un sentido creciente de inseguridad acompañado de una profunda desilusión debido a la forma ambigua en que funciona el sistema.  

Trabajar de acuerdo a los reglamentos (“by the book”), en vez de convertirse en una virtud, puede ser el origen de dificultades y he aquí algunos casos, que aunque no son la conducta usual de funcionarios, no ayudan en una ciudad en que a pesar de la publicidad y las cuentas alegres, el delito continúa creciendo.

Caso # 1

Una trabajadora social llamó al número 1-800-842-2288 para referir el caso de un niño de raza negra de seis años que mostraba claras marcas de castigo en la espalda.  El niño afirmó que en la casa su abuela le daba golpes con un cinturón.  

El caso lo había discutido con la enfermera de la escuela y ambas estuvieron de acuerdo en hacer el referido.  La trabajadora social llamó al número telefónico ya que de acuerdo a la ley, está obligada a reportar casos de presumibles actos de abuso físico, emocional o de negligencia educacional o médica.  

Un día después del referido,  la abuela del niño la confrontó insultándola y diciéndole que estaba muy enojada porque “la había tratado de perjudicar.”  “No sabes con lo que estás lidiando,” le dijo y se fue.

Al día siguiente, el automóvil de la trabajadora social desapareció, aunque estaba estacionado en la calle, frente al edificio escolar.  Dio de inmediato cuenta del hecho a la policía y un amable oficial le preguntó los datos correspondientes.  Llamó a su seguro automotriz donde le dijeron que se iniciaría el consabido proceso de investigación y que podía alquilar un automóvil, pero que había deducciones.  

Finalmente y dos después, el vehiculo apareció vandalizado a dos bloques de la escuela y la compañía de seguro lo declaró pérdida total.  La profesional debió adquirir otro automóvil y solicitar un préstamo de 10,000 dólares que deberá pagar en tres años.  Su automóvil robado estaba aun en buenas condiciones y pensaba usarlo por un tiempo más y ahorrando poco a poco para comprar otro vehiculo.

Coincidentemente, también el vehiculo de la maestra del estudiante fue vandalizado, pero no lograron robarlo debido a que tenía un sistema moderno de seguridad.

¿Cómo se enteró la abuela del niño que la trabajadora social había sido la que hizo el referido?  Muy fácil.  La investigadora de DCF cuando fue a la casa de la víctima, le dio a conocer a la abuela el nombre de la trabajadora social e incluso lo que ésta había relatado a la persona de DCF a cargo de recibir las denuncias telefónicas.

 “Yo sé que cuando se llama a DCF preguntan si quieres permanecer anónima, y  usualmente lo hago, pero me dijeron que al no pedir permanecer anónima, ellos pueden dar a conocer el nombre de la persona que hace la denuncia del supuesto y alegado abuso.

La profesional consultó su caso con un abogado quien le informó que aunque una trabajadora social, maestra, asistente de maestra, o administrador escolar hagan la denuncia en forma anónima, si el caso llega a corte, puede ser citado a los tribunales ya que el abogado de la sospechosa o sospechoso de abuso puede exigir su presencia e interrogarle.

“En mi caso sufrí perdidas materiales graves que la Junta de Educación de Hartford jamás me ayudo a pagar, y la maestra del estudiante también experimentó perdidas en su automóvil.  Ahora pienso que es riesgoso demandar y presentar cargos ya que los servidores públicos estamos expuestos a abuso verbal y peligros,” dijo la profesional.

¿Hará usted en el futuro un referido a DCF?, le preguntamos, y respondió que su misión es hacerlo, pero que el procedimiento es claramente injusto y no asegura a quien denuncia un hecho de este tipo la adecuada protección.

Caso # 2

Una estudiante de escuela intermedia está llegando a la escuela bajo los efectos de la marihuana.  Ha admitido a su consejero que le gusta fumar y conoce todo acerca del proceso de manufactura, el valor de las bolsitas, el tipo de papel que requiere, y otros detalles que demuestran que a sus quince años es ya una experta en el vicio.  

Un día, una de las maestras la notó descontrolada y claramente confusa, y llamó a la mamá de la estudiante que le dijo que estaba cansada de lidiar con la joven y que le llamara la policía, aunque ya le han dicho “que no se puede hacer nada.”  

Hizo una consulta similar con personal de DCF y estuvieron de acuerdo con avisar a las autoridades de las reiteradas oportunidades en que la jovencita había llegado bajo los efectos de la droga.

El consejero se decide a llamar, y a la escuela llega un oficial que entrevista a la niña y le pregunta, ¿fumaste marihuana?  La joven responde que no.  Acto seguido el oficial habló con coraje con quien había hecho la llamada y comenzó a increparlo preguntándole porque hacia llamadas cuando no había “evidencia.”  

“La evidencia existe porque esta niña ya fue arrestada en octubre del año pasado y hoy muestra signos de estar bajo la influencia de drogas,” respondió quien hizo el llamado.

¿Y qué quiere que haga yo? respondió el uniformado.

Esta conducta que entendemos no es generalizada, no acontecía con un oficial de apellido Gervais que lamentablemente ya se retiró ya de la fuerza policial y que hablaba con los niños o jóvenes y eso ayudaba considerablemente a disuadirlos de delinquir.

Caso # 3

Un estudiante de escuela elemental tiene 16 ausencias en el año escolar y de acuerdo a los reglamentos de la Junta de Educación, el personal de apoyo debe investigar lo que está sucediendo ya que si un estudiante falta a la escuela, debe traer una excusa válida por escrito, o la persona encargada tiene que llamar a la maestra para informar lo que sucede.  

En este caso particular, y de acuerdo al programa computarizado SASSI, las ausencias no tenían excusa y el personal escolar debe enviar una carta informando a los padres que por estas ausencias hay una situación de negligencia educativa que podría ser referida al Departamento de Niños y Familias para una investigación.  Al mismo tiempo se le invita a una reunión para discutir el asunto.

Dos días después y una vez que las personas encargadas recibieron la carta, una madre descontrolada llama a la escuela, insulta en forma soez a la recepcionista exigiendo hablar con el administrador escolar.  La mujer llama tres veces más, amenazando y finalmente llama a la Junta de Educación al centro de Asuntos de los Padres, implicando que la escuela la estaba acusando injustamente.  

Las personas que trabajan en ese Departamento recibiendo las querellas de los padres que a menudo usan ese recurso para reclamar cuando a sus hijos les suspenden por faltas severas a la disciplina; se comunicaron con la escuela y la encargada de asistencia tuvo que enviarles un e-mail con toda la historia de ausencias del niño.

Estos casos ilustran a mi modesto entender la frustración de maestros y administradores del sistema que ven que sus esfuerzos por llevar a cabo lo que exigen las leyes y reglamentos, se ven a veces afectados por personas que ya conocen el sistema y saben como dar vuelta la tortilla.