La Voz de Conneticut

La restauración de buenas relaciones entre Colombia y Venezuela sigue “su agitado curso”. A la reunión entre los presidentes de ambos países, siguió la de sus respectivos cancilleres. Uno de los resultados de esos encuentros es la promesa venezolana de pagar $200 millones de dólares como compensación a los comerciantes colombianos afectados por el cierre de la frontera y por alguna de las medidas tomadas por Venezuela en medio de la última crisis.

Uno de los puntos que parece finalmente no han sido tratados (obviamente, puesto que se trata de asuntos soberanos colombianos), es el de las famosas bases militares norteamericanas establecidas en Colombia (o más bien el uso de las bases colombianas por militares norteamericanos). El Tribunal Constitucional colombiano rechazó ese acuerdo militar con Estados Unidos. El gobierno de Santos, decididamente en busca de consensos, no de confrontaciones, ha decidido revisarlo, incluso ampliarlo, pero someterlo al Congreso para evitar ambigüedades y ratificar la voluntad soberana colombiana.

Ese acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos provocó bastante incomodidad en la región, pero la vida ha demostrado rápidamente que el origen de las protestas radicaba más en la personalidad del presidente Uribe y la cercanía de Colombia con Venezuela que en la pertinencia del mismo. Para confirmar este aserto, en los mismos días en que más escándalo había con el tema de las bases colombianas, Brasil firmaba con los mismos Estados Unidos, un acuerdo de cooperación militar con fines de defensa.

Ese acuerdo permite la presencia de militares norteamericanos en una base militar brasileña, con el propósito de “defender el hemisferio del tráfico ilícito de drogas y proteger los intereses nacionales de ambos países”. Frente a dos situaciones similares, las reacciones pues han sido bien opuestas. ¿Quizás porque Brasil es un gran país y puede hacer lo que le resulta vedado a un país más pequeño? En todo caso, la decisión de Santos es la mejor: buscar el respaldo del Congreso y romper un poco con el “medagalanarismo” de Uribe.

Los altos puntos logrados por el ex presidente Uribe al momento de abandonar la presidencia (esencialmente, dicen los expertos, por haber devuelto la seguridad a las principales ciudades) podrían verse empañados si Juan Manuel Santos hace una tan buena gestión gubernamental como anticipan sus primeras medidas. Será complicado en un país donde, según un reciente trabajo de investigación, “uno de cada tres políticos tiene relaciones con grupos armados ilegales”. Aunque dentro de esa categoría entra el grupo FARC, lo más probable es que se refiera el estudio a los grupos paramilitares y demás agrupaciones armadas asociadas al narcotráfico.

Lo malo para la imagen de Uribe es que los autores del estudio sostienen que a partir del 2002, esas agrupaciones confluyeron en el proyecto “uribista”, se integraron en el aparato estatal y ganaron cierta respetabilidad. Aunque el estudio no parece decirlo, esos grupos dejaron prácticamente de lado sus antiguos métodos. Quizás se podría concluir en que mediante un proceso de cooptación, Uribe “amansó” a quienes desde “las trincheras” del terror habían contribuido a su proyecto de pacificación.

Pero como ya se dijo antes, el problema es que esos grupos obedecían a Uribe; una vez éste fuera del poder, está pendiente cuál será el rumbo que seguirán en un país donde tanto pesa en el Estado la presencia virtual de la empresa más productiva: el narcotráfico. No que sea el único, porque aparentemente son pocos los países de América Latina y el Caribe donde la garra poderosa (y protectora) del narcotráfico no esté presente.

Pero lo más interesante de todo este proceso es que las FARC, luego de haber sido esencialmente “el problema” durante años podrían comenzar a ser componentes de la “solución”, aceptando no solamente el consejo que repetidamente les ha dado el presidente Chávez sino lo que indica el sentido común. Por eso esta semana hasta han pedido la intervención de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) para ayudar a resolver la crisis entre ese grupo y el estado colombiano que aunque data del 1964, en su actual forma, remonta a la caída del bloque socialista y final de la Guerra Fría.

Como las FARC alegan querer presentar “su punto de vista” ante la UNASUR, obviamente que ese una decisión en ese sentido por parte de la Unión, seguirá dependiendo de cómo avance cualquier tipo de negociación entre el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo. Solamente cuando se avance por esa vía aceptará el gobierno dar categoría de interlocutor a nivel de un organismo regional a las FARC. Porque es obvio que la intención de las FARC no es solo de cambiar las formas de confrontación, sino también de adquirir estatura institucional dentro de la entidad llamada Colombia. Eso solo lo puede dar una negociación directa con el gobierno.

En cualquier caso y sean cuales sean las intenciones, lo importante es que en Colombia se abre una nueva etapa que puede efectivamente reducir las tensiones nacionales. Naturalmente, ese proceso puede enfrentarse a nuevos peligros, latentes pero subyacentes y de la disposición de cada una de las partes a ceder y avanzar, dependerá que puedan superarlos. En esa línea, cualquier cosa ayuda a Colombia, comenzando con restableciendo buenas relaciones con todos sus vecinos.