La Voz de Conneticut

El Ecuador entero se prepara para librar una nueva convocatoria electoral, calificada de gran relieve para la democracia. Es innegable la alta popularidad de la que goza el presidente Rafael Correa, que influye en plantear un referéndum y consulta popular con diez preguntas, entre las cuales se incluye dos temas “calientes”, trascendentales y de profundo análisis: reorganizar el sistema judicial y a crear un Consejo de Regulación de los medios de comunicación.

“En democracia, la opinión de todos cuenta”. CNE

Ahora bien; la envoltura de este paquete de preguntas se llaman referéndum, dado que las cinco primeras preguntas plantean propuesta de enmienda a la Constitución y las cinco restantes resolverán cuestiones de interés público y se enmarcan en lo que es una consulta popular. Nos queda claro es que en saludable democracia, nadie ni nada puede impedir el derecho del pueblo a participar directamente en la resolución de los problemas nacionales. Lo que si es necesario razonar que no debemos responder para respaldar o perjudicar a quien pregunta, sino en función del preguntado, o sea el pueblo.

A estas alturas de los acontecimientos es preciso tener más información, que esclarezca los conceptos, los supuestos y los objetivos de las preguntas, para ir el sábado 7 de mayo con conocimiento de juicio a votar. Como están las cosas, parece que los votantes ecuatorianos de Connecticut están hundidos en la apatía de este proceso electoral, que básicamente obedece a la frívola inter-relación entre Gobierno, ciudadanos y organizaciones comunitarias. Lo que sí está claro es el gasto de 2’152.839,87 dólares que el Consejo Nacional Electoral estimó para el voto en el exterior.

Retomando el tema sobre regulación de los medios de comunicación que trae consigo muchas sospechas y dolores de cabeza a más de uno; los argumentos en apoyo a votar Si en esta pregunta, es que los grupos de comunicación privados se dediquen únicamente a sus funciones, “zapateros a tus zapatos” y no tomen parte en otro tipo de actividades extrañas a su objeto. En el otro lado; los “abogados” del NO consideran a esta medida como discriminatoria puesto que se atropella el principio del tratamiento equitativo de las leyes. Al mismo tiempo que se habla exclusivamente de los medios privados y no de los (21 medios) que están en manos del Gobierno donde – según ellos - también hay conflicto de intereses. Continuando con este asunto, se pregunta también sobre la creación de un Consejo de Regulación para los medios, puesto que el Presidente cree que la regulación de contenidos violentos, sexuales y discriminatorios es una manera de mejorar las condiciones de vida. Afirma que la TV, al ser el medio masivo más importante, debe orientar de manera positiva en la sociedad. Pero para los abanderados de los medios, esta es una pregunta innecesaria. “Es como preguntar si se está de acuerdo con que el sol siga saliendo por el oriente… lo que interesa es, sobre todo, quién conforma el Consejo de Regulación y cuáles serán sus atribuciones”, según el reconocido economista y político Alberto Acosta Espinoza.

Ahora le toca el turno al controversial y siempre anhelado tema de “control de la justicia” con la sustitución del Pleno del Consejo de la Judicatura. Esta pregunta se formula porque el régimen considera que el sistema contemplado en la Constitución, según el cual el Consejo de la Judicatura debe administrar el servicio de justicia y nombrar los jueces… simplemente no funciona. Los actuales jueces son los responsables del aumento del “tsunami” delictivo y es necesario reformar todo el sistema judicial. Sin embargo votarán NO quienes consideran que todo esto contradice una de las columnas vertebrales de la nueva Constitución que establecía con fuerza la “charlista mascarilla” de la participación ciudadana para el nombramiento y relevo de los jueces. Los paladines de “Esta vez no, presidente” elevan la voz y atizan el fuego objetando que se trata de un desenfadado intento del Ejecutivo para controlar la Justicia ya que los sectores involucrados en la Comisión dependen de éste. Los jueces tienen que hacer su trabajo y el presidente el suyo.

Recogiendo un poco el espíritu sensato y democrático, hay que estar de acuerdo que el Consejo de la Judicatura no ha cumplido la tarea asignada, pero no creemos que sea por hombres sino por sistema. Si no son independientes, no pueden ser buenos jueces. Lo que sí es poco más o menos seguro que el presidente Correa sabe que en un 90%, los que voten Si, no lo harán porque han estudiado responsablemente las preguntas, sino que lo harán por los subsidios (bono).

Las cosas están dadas y el derecho a cambiar esto, lo tiene el pueblo en sus manos, el desafío es ejercerlo positivamente.