La Voz de Conneticut

A través del editorial del periódico El Nuevo Día del martes, 24 de enero del 2012, se ilustró en forma sencilla y contundente, lo que constituye un acto más de la violencia institucional contra el pueblo puertorriqueño. El poder legislativo en contubernio con las otras ramas del gobierno se han burlado vilmente de un pueblo que todavía tiene un poco de esperanza en que milagrosamente se engendre un acto de decencia en el gobierno colonial de Puerto Rico.

El editorial que reproduzco aquí y otro muy parecido que se publicó hace unos doce años donde este periódico (El Nuevo Día) describía al saliente gobernador de Puerto Rico Pedro Roselló (del mismo partido del actual gobierno y padrino de los líderes actuales) de la siguiente manera: “el gobernador se va…pero sin haber aprendido los más elementales principios de moralidad pública con las cuales se crece toda persona que alcanza el más alto cargo del país”

Hoy, entre tanta corrupción, mentiras, engaños y ausencia de valores hay otro, el gobernador Fortuño que no ha aprendido algo de los más elementales principios de moralidad pública. La historia se repite y el pueblo no ha aprendido su lección.

El Nuevo Día es un periódico cuyo dueño lo fue Luis A. Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista (anexionista), hoy en poder de la legislatura puertorriqueña. La familia Ferré es aun dueño de este periódico. Con ustedes el editorial de El Nuevo Día del 24 de enero del 2012.

DESVERGÜENZA LEGISLATIVA

Cuando parecía que los puertorriqueños lo habían visto, escuchado y soportado todo desde la sede del Poder Legislativo, se ven sumidos en vergüenza ajena al observar cómo la mayoría de la Comisión de lo Jurídico y de Ética y del pleno de la Cámara se convierte en cómplice de los actos delictivos de su compañero representante José Luis Rivera Guerra.

Sin embargo, los valores vivos de nuestra sociedad, conculcados por esa mayoría cameral, podrían ser reivindicados si al efecto se lleva a cabo con profundidad y honestidad la investigación criminal que, como mandatario y levantando principios distintos a los de sus correligionarios en la Cámara, exigirá el gobernador Luis Fortuño al Departamento de Justicia contra el representante por Aguadilla. Se reivindicarían, también, esos valores si se sigue con seriedad el proceso que, como presidente, ha pedido Fortuño al partido de gobierno, con relación a la calidad de la candidatura de Rivera Guerra. Con estos procesos, podría repararse el agravio del Capitolio.

Un agravio que crea una sensación de desprotección, de desplome institucional y de inseguridad colectiva, como lo denunciaba ayer en elnuevodia.com un ciudadano indignado, quien reaccionó al caso de Rivera Guerra con estas palabras: “La Constitución y las leyes solamente nos aplican a nosotros, los mortales sin privilegios”.

Mientras otros han visto en este escándalo una manifestación más del vicio partidista en Puerto Rico y un trastoque de valores, al extremo de preguntarse “¿Acaso son diferentes a los de la ciudadanía a la que le sirven?”.

Y es que la arrogancia y el cínico desprecio a leyes y reglamentos con que los miembros de la mayoría novoprogresista han despachado, sin pudor alguno, las graves faltas de su correligionario, es lo más cercano a una autoproclamación de su indigencia ética y de la invalidación de la existencia misma de la comisión, al menos según está compuesta actualmente.

¿De qué se acusaba al representante? 1) De poseer una residencia en Moca y otra en Aguadilla por las que nunca pagó las contribuciones del CRIM; 2) de construir ilegalmente la de Aguadilla al no contar con los permisos; 3) de no pagar a Acueductos y Alcantarillados por el consumo de agua, y tampoco a Energía Eléctrica por el de electricidad en sus residencias.

Piense el lector que ha pasado su vista sobre las líneas anteriores, qué le ocurriría a él, o a un vecino suyo que no cuente con padrinazgo en el Capitolio, si cometiera aunque fuera uno de los actos perpetrados por Rivera Guerra.

Imponerle al representante una “multa” de diez días sin dietas -que por lo demás es un pago por asistir a un trabajo por el que ya se le paga, y en demasía- por un comportamiento a todas luces ilegal y abusivo es no solo una burla a cada puertorriqueño, es además una manifestación de desvergüenza institucional por parte de cada uno de los miembros de la mayoría en esa comisión de “ética”.

Los artífices de la exoneración de Rivera Guerra, que han sucumbido al más bajo escalafón en su comportamiento público, deben ser reconocidos por el País: Liza Fernández, Elizabeth Casado, Albita Rivera, Ángel Peña, Jorge Ramos Peña y José Torres Zamora.

De igual manera deben ser identificados los funcionarios del Ejecutivo que, con el mismo avieso patrón de complicidad, variaron sus declaraciones originales para abrir el cauce por el que se colara la otorgación del premio al legislador. No olviden los guardianes de la espalda de Rivera Guerra (empujados por aquello de “hoy por ti, mañana por mí”) que el último juicio de sus acciones corresponde al electorado.

Un electorado que aprendió desde los días de Abraham Lincoln que “nada es políticamente correcto si es moralmente incorrecto”.